Publicada en el BOE el 31 de diciembre de 1989, la ley Doubin está ahora inscrita en el artículo L.330-3 del Código de comercio. Mientras que el principio jurídico de la franquicia había permanecido extremadamente difuso hasta entonces, este texto ha permitido aclarar ciertos puntos. A partir de ahora, el hecho de poner una marca, un nombre comercial o un letrero a disposición de otra persona requiere cumplir con ciertas condiciones. Se trata, en particular, de proporcionar al potencial explotador una información clara, materializada en un Documento de Información Previa (DIP), para que pueda comprometerse con pleno conocimiento de causa. De lo contrario, el incumplimiento de la ley Doubin expondría a sanciones penosas.
¿Cuáles son los tipos de contrato afectados por las obligaciones de la ley Doubin?
La ley Doubin y su correlato, la obligación de proporcionar un DIP antes de cualquier firma de contrato de asociación, se dirigen en primer lugar a los contratos de franquicia. De esta manera, un posible franquiciado poseerá toda la información que le permita invertir en una actividad sana y prever cifras de negocio, condiciones de actividad y beneficios posibles.
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Sin embargo, la ley también se aplica a otros contratos menos conocidos, como la afiliación o la concesión. Por lo tanto, consultar a abogados especializados en derecho de la franquicia, los expertos del despacho Gouache, por ejemplo, le permitirá comprender mejor sus obligaciones y derechos, dependiendo del papel que desempeñe en la asociación que está considerando.
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La multa penal, la más leve de las sanciones en caso de incumplimiento de la ley Doubin
Para el franquiciador, no cumplir con la obligación de información establecida en el artículo L.330-3 del Comercio puede ser, en primer lugar, pasible de una multa. Este será el caso si el DIP no se proporciona al menos 20 días antes de la fecha prevista para la firma del contrato.
En este caso, habrá que referirse al art. 131-13 del Código penal para comprender su monto. Se trata entonces de una multa de 5ª clase, que obliga al autor a pagar la suma de 1500 euros al Tesoro Público. Esta suma se elevará a 3000 euros en caso de reincidencia.
Una sanción más seria: la anulación del contrato de franquicia o de asociación de empresas
Pero atención, las sanciones que se pueden enfrentar en caso de violación de la ley Doubin serán más serias si la firma de un contrato de franquicia se realiza en ausencia de comunicación de un DIP, o si la información que contiene resulta ser errónea. En este caso, podrían iniciarse acciones legales ante un juez.
Y este último pronunciaría la anulación pura y simple del contrato! De ello derivarían varias consecuencias probables, y en particular:
La obligación para el franquiciador de pagar indemnizaciones al franquiciado;
La obligación para el franquiciador de restituir los derechos de entrada pagados por el franquiciado al firmar el contrato.
Las sanciones que se pueden enfrentar en caso de condena por publicidad engañosa o estafa
Finalmente, las acciones legales iniciadas en caso de incumplimiento de la ley Doubin se llevarían a cabo en virtud de textos con graves consecuencias. Se trata del artículo 313-1 del Código penal y del artículo L. 121-6 del Código de consumo.
Estos artículos se activarán si la información contenida en el DIP resulta ser falsa. En caso de que se inicien acciones legales en su contra por tales motivos, asegúrese de elegir el abogado adecuado para tratar su caso.
De hecho, estos textos tienen como objetivo regular los delitos de estafa y publicidad engañosa. Y conllevan multas muy elevadas para las personas jurídicas, pero también penas de prisión para las personas físicas.