Divorciarse nunca es algo trivial. Pero cuando ambos cónyuges están de acuerdo en el principio de la separación y en sus consecuencias, la ley francesa ofrece un marco simplificado que evita el tribunal, acorta los plazos y aligera considerablemente la carga emocional y financiera del procedimiento. El divorcio por consentimiento mutuo es hoy en día la vía más utilizada en Francia y por buenas razones.
Un procedimiento sin juez desde 2017
Desde la reforma de enero de 2017, el divorcio por consentimiento mutuo se lleva a cabo completamente fuera del tribunal, salvo en casos particulares. Los cónyuges designan cada uno a su propio abogado, negocian los términos de su separación y luego formalizan el acuerdo en un convenio firmado por ambas partes y depositado ante un notario. Este depósito ante el notario otorga fuerza ejecutiva al convenio y oficializa el divorcio sin que intervenga ningún juez.
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La única excepción se refiere a las parejas con hijos menores que solicitan ser escuchadas por un juez. En este caso específico, el procedimiento vuelve al tribunal de asuntos familiares, pero sigue siendo distinto del divorcio contencioso clásico.
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Las etapas concretas del procedimiento
El procedimiento se desarrolla en varias etapas bien delimitadas. Los dos cónyuges eligen primero a su respectivo abogado, obligatoriamente dos abogados distintos para garantizar la independencia del asesoramiento de cada uno. Luego, ambos abogados redactan juntos el convenio de divorcio, documento central que detalla la distribución de los bienes, la residencia de los hijos, la pensión alimentaria, la prestación compensatoria si es debida y todas las modalidades de la separación.
Una vez finalizado el proyecto de convenio, un cónyuge lo recibe por correo certificado y dispone de un plazo de reflexión legal de quince días antes de poder firmar. Este plazo es incompresible, independientemente de la buena relación entre las partes. Después de la firma, el convenio se envía al notario, quien tiene siete días para verificar su conformidad y proceder al depósito. El divorcio es efectivo a partir de este depósito.
Los plazos reales a anticipar
Sobre el papel, el procedimiento puede completarse en uno a tres meses. En la práctica, el plazo medio oscila entre dos y seis meses según la disponibilidad de los abogados, la complejidad del patrimonio a repartir y la fluidez de los intercambios entre las partes.
Un patrimonio inmobiliario común alarga sistemáticamente los plazos, ya que la liquidación del régimen matrimonial requiere la intervención de un notario de antemano, incluso antes de la redacción del convenio.
El costo, lo que realmente hay que presupuestar
Los honorarios de abogado constituyen el principal gasto. Cada cónyuge paga a su propio asesor, con tarifas libres que varían según la complejidad del caso y la ubicación del despacho. Fuera de las grandes metrópolis, los honorarios para un caso simple comienzan alrededor de 800 a 1 200 euros por abogado. En París, el rango generalmente oscila entre 1 500 y 3 000 euros por parte para un caso sin contencioso patrimonial mayor.
Los gastos notariales se añaden para el depósito del convenio, la tarifa regulada está fijada en 50 euros por cónyuge, es decir, 100 euros en total, lo que sigue siendo marginal.
En caso de bien inmueble común, los gastos notariales relacionados con la liquidación de la comunidad o la indivisión se aplican por separado y pueden representar varios miles de euros según el valor de los bienes afectados.